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«ES TU OBLIGACIÓN». EL SUPREMO CONFIRMÓ NUEVE AÑOS DE PRISIÓN POR VIOLAR A SU MUJER
Llevaban 25 años casados.
Ella no quería mantener relaciones sexuales.
Él le respondió: «Es tu obligación».
Después la sujetó, la golpeó y la obligó a mantener relaciones sexuales.
El Tribunal Supremo confirmó una condena de nueve años de prisión por violación.
No estamos ante una hipótesis jurídica. Son los hechos de la STS 254/2019, de 21 de mayo, una resolución que desmonta una idea que durante demasiado tiempo pretendió justificar la imposición de relaciones sexuales dentro del matrimonio.
Pero la sentencia va mucho más allá.
Analiza la violencia, el consentimiento, la resistencia exigible a la víctima y la prueba necesaria para sostener una condena penal.
Y plantea una cuestión especialmente relevante bajo el Código Penal vigente:
El vínculo matrimonial no solo no justifica una agresión sexual. En determinados casos, puede agravar su castigo.
«PERO ES MI MUJER». EL MATRIMONIO NO OTORGA DERECHOS SEXUALES
Los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial de Málaga describen una agresión sexual cometida en el domicilio familiar.
La mujer se encontraba en la cama cuando su marido le exigió mantener relaciones sexuales.
Ante su negativa, la sujetó por la cabeza y la obligó a practicarle una felación. Posteriormente, la golpeó y consiguió penetrarla vaginalmente.
La víctima acudió a denunciar y recibió asistencia médica.
El acusado sostuvo en su recurso que las lesiones eran mínimas y no bastaban para hablar de violencia en una agresión sexual, y que la felación había sido consentida.
El Tribunal Supremo rechazó esa versión.
La sentencia es contundente:
«El vínculo matrimonial o la relación de pareja no otorga ningún derecho sobre la sexualidad del otro miembro de la pareja».
STS 254/2019, de 21 de mayo, fundamento jurídico tercero.
No importa cuánto tiempo lleve una pareja casada.
No importa que existan relaciones sexuales anteriores.
No importa que compartan vivienda, hijos o un proyecto de vida.
El matrimonio no constituye un consentimiento sexual permanente.
HASTA LA EXCUSA TENÍA NOMBRE: DÉBITO CONYUGAL
El concepto de débito conyugal se utilizó históricamente para sostener que el matrimonio implicaba una obligación de mantener relaciones sexuales.
Bajo esa concepción, la sexualidad de uno de los cónyuges se convertía en una supuesta prestación exigible por el otro.
La STS 254/2019 rechaza expresamente ese planteamiento. La Sala lo dijo así:
«No puede admitirse bajo ningún concepto que el acceso carnal que perseguía el recurrente […] es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre».
El Tribunal Supremo niega que pueda invocarse una obligación matrimonial para justificar un acceso sexual impuesto mediante violencia.
La cuestión no consiste en determinar si uno de los cónyuges incumplió alguna expectativa de convivencia.
La cuestión es si existió consentimiento para el acto sexual concreto.
La libertad sexual pertenece individualmente a cada persona y no se transmite, limita ni extingue por contraer matrimonio.
Por eso, cuando el acusado pretendió presentar las relaciones sexuales como una obligación de su esposa, su argumento no encontró amparo jurídico.
«NO SE RESISTIÓ LO SUFICIENTE». ¿CUÁNTA VIOLENCIA DEBE SOPORTAR UNA VÍCTIMA?
Uno de los pasajes más relevantes de esta sentencia se refiere a la resistencia física.
El Tribunal Supremo rechazó que pudiera exigirse a la mujer una oposición extrema frente a la violencia ejercida.
La Sala declaró:
«No puede, en consecuencia, exigirse a la víctima un acto heroico de oposición férrea».
STS 254/2019, fundamento jurídico tercero.
La afirmación tiene una importancia probatoria evidente.
Una persona no está obligada a seguir resistiéndose físicamente cuando hacerlo puede incrementar el peligro para su integridad.
Ceder ante la violencia no equivale a consentir.
Y dejar de oponer resistencia no transforma retrospectivamente una imposición sexual en una relación voluntaria.
Ahora bien, esta conclusión no elimina las exigencias probatorias del proceso penal.
La falta de resistencia no demuestra por sí sola la existencia de una agresión sexual.
Lo que debe determinarse es si el acto fue consentido y si los hechos que fundamentan la acusación han quedado acreditados mediante prueba válida y suficiente.
La reacción de la víctima debe analizarse en su contexto. La responsabilidad penal, a partir de la prueba.
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¿QUÉ SE CONSIDERA VIOLACIÓN DENTRO DEL MATRIMONIO SEGÚN EL CÓDIGO PENAL?
El artículo 178.1 del Código Penal castiga los actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
El consentimiento debe manifestarse libremente mediante actos que, atendidas las circunstancias, expresen claramente la voluntad de la persona.
No se presume por la existencia de una relación sentimental o matrimonial.
La violación constituye una modalidad específica de agresión sexual.
Conforme al artículo 179.1 CP, existe violación cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.
El artículo 179.2 contempla específicamente los supuestos en que esa conducta se comete mediante violencia, intimidación o cuando la víctima tiene anulada por cualquier causa su voluntad.
Por tanto, puede existir violación dentro del matrimonio incluso sin violencia física, siempre que concurran los elementos del tipo penal correspondiente.
El consentimiento sigue siendo exigible en cada acto sexual.
EL MATRIMONIO NO JUSTIFICA LA VIOLACIÓN. PUEDE AGRAVAR LA PENA
Aquí aparece una diferencia importante entre el régimen jurídico aplicable al caso de 2014, resuelto por el Supremo en 2019, y la regulación penal vigente.
El artículo 180.1.4.ª del Código Penal establece una agravación específica cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer ligada al autor por una relación análoga de afectividad, incluso sin convivencia.
Esto significa que el vínculo puede tener consecuencias penales relevantes.
Pero la agravación no se aplica automáticamente por el mero hecho de existir un matrimonio: deben concurrir los requisitos del precepto y respetarse las reglas de calificación y de prohibición de doble valoración.
¿Cuántos años de prisión corresponden por violación dentro del matrimonio?
Según la regulación vigente:
Agresión sexual básica, artículo 178.1 CP: de 1 a 4 años de prisión.
Agresión sexual con violencia, intimidación o voluntad anulada, artículo 178.3 CP: de 1 a 5 años.
Violación del artículo 179.1 CP: de 4 a 12 años.
Violación con violencia, intimidación o voluntad anulada, artículo 179.2 CP: de 6 a 12 años.
Violación del artículo 179.2 con una agravación del artículo 180.1 CP: de 12 a 15 años.
Estas penas constituyen las horquillas legales generales. La determinación de la pena concreta exige examinar los hechos, las circunstancias concurrentes y las reglas de individualización.
Importante: los nueve años de prisión confirmados en la STS 254/2019 corresponden a hechos cometidos en 2014. No debe trasladarse sin más aquella condena al régimen penal actual.
UNA DENUNCIA NO ES UNA CONDENA: EL PAPEL DECISIVO DE LA PRUEBA
La sentencia contiene otro análisis especialmente relevante para la práctica penal: el examen de la presunción de inocencia.
El acusado impugnó la condena cuestionando la valoración probatoria.
El Tribunal Supremo examinó si existía prueba de cargo válida, suficiente y racionalmente valorada.
En el procedimiento se habían considerado, entre otros elementos, la declaración de la perjudicada, la denuncia interpuesta de inmediato, la asistencia médica, las lesiones apreciadas y los restos biológicos hallados en la boca y en la vagina de la víctima.
La defensa sostuvo que esos restos podían proceder de relaciones anteriores, al tratarse de un matrimonio. Por eso, en estos casos no basta con encontrar un vestigio: hay que explicar qué acredita y qué no.
La Sala entendió que existía respaldo probatorio suficiente para mantener la condena.
Esto permite destacar una distinción fundamental.
La declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente para condenar. Pero ninguna declaración queda exenta de valoración judicial por el hecho de proceder de quien denuncia.
No es imprescindible que existan lesiones.
Tampoco es obligatorio que haya testigos presenciales.
Pero sí resulta indispensable que una condena penal se fundamente en prueba de cargo obtenida lícitamente, practicada con las garantías correspondientes y valorada racionalmente.
Desde la acusación particular, una investigación rigurosa exige identificar y preservar los elementos probatorios que puedan acreditar los hechos.
Desde la defensa, exige examinar la consistencia de la hipótesis acusatoria, la legalidad de la prueba y la suficiencia del material probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia.
La estrategia penal no puede descansar en prejuicios. Tiene que descansar en la prueba.
¿QUÉ OCURRE SI LA DENUNCIA POR AGRESIÓN SEXUAL SE PRESENTA DURANTE UN DIVORCIO?
Una denuncia por agresión sexual puede formularse durante una separación, un divorcio o un procedimiento de medidas familiares.
La existencia de un conflicto matrimonial no demuestra que la denuncia sea falsa.
Pero tampoco convierte los hechos denunciados en acreditados.
Son cuestiones distintas.
En estos procedimientos resulta especialmente importante delimitar los hechos concretos que se investigan, su contexto temporal, las posibles comunicaciones entre las partes, las declaraciones y los demás elementos probatorios.
El proceso penal debe resolver si se ha cometido un delito y si existe prueba suficiente para atribuir responsabilidad a la persona investigada.
No puede sustituirse ese análisis por conclusiones automáticas basadas en la ruptura de la pareja.
Cuando existen procedimientos familiares y penales simultáneos, la intervención temprana permite valorar las implicaciones procesales de cada actuación sin confundir los objetos de ambos procedimientos.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA VIOLACIÓN DENTRO DEL MATRIMONIO
¿Puede un marido ser condenado por violar a su esposa?
Sí. El matrimonio no excluye la comisión de un delito de violación. La STS 254/2019 confirmó una condena de nueve años de prisión por unos hechos cometidos en 2014.
¿Existe legalmente el débito conyugal?
No existe un derecho jurídicamente exigible a mantener relaciones sexuales con el cónyuge. El Tribunal Supremo rechaza expresamente que el matrimonio permita imponerlas.
¿Puede existir violación si no hay golpes?
Sí. La violencia física no es un requisito de todas las modalidades de violación. El artículo 179.1 CP contempla la violación cuando concurren los elementos legales del tipo, aunque no se haya empleado violencia.
¿Es necesario que la víctima se resista físicamente?
No. La resistencia física no constituye un requisito general para apreciar una agresión sexual. Deben valorarse el consentimiento, los hechos y la prueba disponible.
¿Se puede condenar por agresión sexual sin lesiones?
Sí. Las lesiones no son un requisito imprescindible de todas las agresiones sexuales. La condena exige, en cualquier caso, prueba de cargo válida y suficiente.
¿Se agrava la violación por estar casados?
El artículo 180.1.4.ª CP contempla una agravación específica vinculada a determinadas relaciones matrimoniales o afectivas. Su aplicación exige comprobar los requisitos legales del caso.
¿Qué debo hacer si me han denunciado por violación dentro del matrimonio?
Buscar asistencia letrada penal especializada desde el inicio. Las primeras diligencias, las declaraciones y la obtención o preservación de elementos probatorios pueden resultar determinantes para el desarrollo del procedimiento.
«PERO ES MI MUJER». ¿DESDE CUÁNDO EL MATRIMONIO SUSTITUYE AL CONSENTIMIENTO?
El condenado de la STS 254/2019 pretendió imponer una relación sexual invocando una obligación matrimonial.
El Tribunal Supremo rechazó ese planteamiento y confirmó la condena.
La resolución recuerda que la libertad sexual no desaparece al contraer matrimonio.
Pero también exige que la responsabilidad penal se determine mediante prueba válida, suficiente y motivadamente valorada.
Porque en un procedimiento por agresión sexual hay dos principios que deben mantenerse intactos:
La libertad sexual de quien denuncia.
La presunción de inocencia de quien es investigado.
Ninguno puede sacrificarse en nombre del otro.
Y ambos exigen una investigación penal rigurosa.
Noemí Monreal | Abogada penalista en Valencia
Especializada en delitos contra la libertad sexual, intervengo tanto en la defensa de personas investigadas por agresión sexual como en el ejercicio de la acusación particular.
Cada procedimiento requiere analizar los hechos, examinar la prueba y definir una estrategia desde las primeras diligencias.
En delitos sexuales, la estrategia temprana puede decidir el resultado.
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Noemí Monreal López · Abogada penalista · Colegiada ICAV nº 16529 · Valencia
Fuentes jurídicas
STS 254/2019, de 21 de mayo, Sala Segunda del Tribunal Supremo. ECLI:ES:TS:2019:1516. Recurso 2611/2018.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículos 178, 179 y 180, en su redacción vigente.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que introdujo la agravación del artículo 180.1.4.ª CP.
Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, de modificación de los delitos contra la libertad sexual.
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