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TikTok y el mercado de la pederastia: quién comete delito, qué penas existen y cómo se prueba
LOS NIÑOS ERAN EL RECLAMO. LOS VÍDEOS SEXUALES, LA MERCANCÍA. Y TIKTOK, EL ESCAPARATE.
No hablamos de una red clandestina escondida en internet.
Hablamos de TikTok.
La investigación publicada el 9 de noviembre de 2026 por Maldita.es documenta perfiles que ofrecían material sexual explícito de menores, usuarios que buscaban grabaciones, propuestas de intercambio y emisiones en directo en las que espectadores solicitaban conductas sexuales a menores a cambio de regalos virtuales.
Los periodistas identificaron más de mil publicaciones con contenido sexual explícito relacionado con menores, que acumulaban aproximadamente 48 millones de visualizaciones.
De una muestra de 50 vídeos denunciados a TikTok, la plataforma comunicó la eliminación de cinco tras las denuncias y, en algunos casos, apelaciones. Otros trece fueron bloqueados únicamente en España y veintinueve recibieron una respuesta de ausencia de infracción.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado la intervención de la Fiscalía y ha planteado la posible paralización de los servicios de TikTok en España.
Pero la dimensión jurídicamente más relevante de esta investigación no está únicamente en las cifras.
Está en las conductas: quién produce, quién ofrece, quién distribuye, quién compra y quién solicita a un menor que realice actos sexuales delante de una cámara.
Porque no todos cometen necesariamente el mismo delito.
Y porque el Derecho penal español castiga conductas que pueden realizarse sin contacto físico con la víctima.
1. ¿Existe en España un delito de pederastia?
No existe en el Código Penal español un delito autónomo denominado «pederastia».
Es un término utilizado habitualmente para referirse a determinadas conductas sexuales de adultos con menores, pero no constituye por sí mismo una calificación jurídica.
Según los hechos, podemos encontrarnos ante:
Agresiones sexuales a menores de dieciséis años, previstas en el artículo 181 CP.
Conductas de contacto y captación sexual por internet, reguladas en el artículo 183 CP.
Delitos relativos a la pornografía infantil, tipificados en el artículo 189 CP.
Conductas de promoción o incitación a determinados delitos sexuales mediante tecnologías de la información, previstas en el artículo 189 bis CP.
Estos delitos protegen bienes jurídicos relacionados, pero sus elementos típicos son diferentes y no pueden utilizarse indistintamente.
Una conversación, una solicitud sexual, una grabación, una oferta de venta y un acceso a un archivo no tienen necesariamente la misma respuesta penal.
La calificación exige identificar qué hizo cada persona y qué puede probarse.
2. Quien produce, ofrece o vende vídeos sexuales de menores: artículo 189 CP
El artículo 189.1 distingue dos grandes grupos de conductas.
Captar o utilizar menores con fines pornográficos
El apartado 1.a castiga la captación o utilización de menores para espectáculos exhibicionistas o pornográficos, así como para elaborar material pornográfico.
También incluye determinadas actividades de financiación o lucro.
Pena: de uno a cinco años de prisión.
La conducta no se limita necesariamente a la persona que sostiene una cámara.
Puede existir intervención penalmente relevante de quien capta al menor, organiza su utilización o participa en la producción del material, siempre que concurran los requisitos legales de autoría o participación.
Producir, ofrecer, vender o distribuir pornografía infantil
El apartado 1.b castiga, entre otras conductas, producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición de pornografía infantil.
Pena: de uno a cinco años de prisión.
Aquí se encuentra uno de los elementos más relevantes de la investigación sobre TikTok.
No hace falta haber grabado personalmente a un menor para poder incurrir en responsabilidad penal.
Quien ofrece un archivo pornográfico infantil a otros usuarios puede realizar una conducta típicamente distinta de quien lo produjo.
Quien lo distribuye tampoco necesita haber participado en los hechos sexuales representados.
Ahora bien, una publicación que anuncia disponer de material no demuestra automáticamente que el usuario lo tenga realmente.
La oferta, la identificación del material, su eventual disponibilidad y el conocimiento del autor deben valorarse a partir de las pruebas concretas.
¿Qué ocurre con los perfiles que funcionaban como catálogos?
Según Maldita.es, algunas cuentas exhibían fragmentos de grabaciones, anunciaban precios y ofrecían vías de contacto para adquirir más contenido.
Si se acredita que esos perfiles ofrecían efectivamente pornografía infantil en los términos del artículo 189, podría existir responsabilidad conforme al apartado 1.b, aunque la negociación continuara en otra aplicación.
Pero no cabe atribuir una condena a todos los titulares de perfiles identificados sin determinar individualmente su actuación.
En Derecho penal, una cuenta sospechosa no equivale a una autoría acreditada.
3. El papel de los compradores: adquirir, poseer o acceder conscientemente también puede ser delito
El artículo 189.5 CP castiga la adquisición o posesión de pornografía infantil para uso propio.
También sanciona el acceso consciente a ese material mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Pena: de tres meses a un año de prisión o multa de seis meses a dos años.
Esto significa que la responsabilidad penal no se limita a quien produce o distribuye.
Un usuario que adquiere archivos para uso personal puede realizar una conducta típica aunque nunca los reenvíe.
La finalidad resulta importante: no debe confundirse la posesión para uso propio con la posesión destinada a la distribución, contemplada en el artículo 189.1.b.
¿Y quien simplemente encuentra el contenido mientras navega?
La aparición accidental de un archivo sexual ilícito en una pantalla no permite afirmar automáticamente que exista delito.
El artículo 189.5 exige, para la modalidad de acceso tecnológico, que este sea consciente.
El conocimiento del contenido y la voluntariedad deben acreditarse.
La investigación puede analizar las circunstancias del acceso, las comunicaciones, los archivos y otros indicios pertinentes, pero no debe convertir una mera sospecha en una presunción de culpabilidad.
El elemento subjetivo importa tanto como el archivo encontrado.
4. Directos de menores: cuando pedir actos sexuales puede constituir agresión sexual
Este es uno de los aspectos más importantes de toda la investigación.
Maldita.es documentó emisiones en directo de menores en las que determinados espectadores solicitaban actuaciones de naturaleza sexual a cambio de regalos virtuales.
La pregunta penal es inmediata:
¿Puede cometerse una agresión sexual contra un menor sin tocarlo y sin encontrarse físicamente con él?
La respuesta puede ser afirmativa cuando concurren los presupuestos del artículo 181 CP.
El artículo 181.1 incluye los actos que el menor realiza sobre sí mismo
El artículo 181.1 castiga los actos de carácter sexual realizados con menores de dieciséis años.
Y establece expresamente que también están incluidos los actos sexuales que el menor realice con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor.
Pena básica: de dos a seis años de prisión.
Esta previsión tiene especial importancia en los delitos sexuales cometidos mediante internet.
Si una persona consigue que un menor de dieciséis años realice sobre sí mismo actos de carácter sexual a su instancia, no puede descartarse la aplicación del artículo 181 por el simple hecho de que ambos estén separados por una pantalla.
Lo decisivo será acreditar la naturaleza del acto, la edad del menor, la intervención del investigado y los restantes elementos del delito.
¿Basta con realizar una petición sexual durante un directo?
No necesariamente.
Debe distinguirse entre solicitar una conducta, lograr que el menor realice un acto sexual y participar en otras posibles formas de explotación.
Una petición sexual no equivale automáticamente a una agresión sexual consumada.
Según sus características, podrían plantearse otras responsabilidades, incluidas eventuales formas imperfectas de ejecución cuando concurran sus requisitos, pero sería imprescindible analizar el comportamiento concreto.
En particular, no debemos equiparar una solicitud sexual no atendida con un acto sexual efectivamente realizado por el menor.
¿Y los espectadores del directo?
Si los actos consisten en utilizar a menores con fines pornográficos o producir material pornográfico, también deberá valorarse el artículo 189 CP.
Asimismo, el artículo 189.4 castiga la asistencia consciente a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores, con pena de seis meses a dos años de prisión.
Su eventual aplicación a una emisión en directo exige acreditar que concurren las características del espectáculo previsto legalmente y los demás requisitos del tipo.
No todos los directos de menores son espectáculos pornográficos, ni todos los espectadores cometen delito por acceder a una emisión.
La calificación depende del contenido efectivo y de la conducta individual.
Menores de dieciséis y diecisiete años: ¿qué ocurre con los directos sexuales?
El artículo 181 del Código Penal protege específicamente a los menores de dieciséis años frente a las conductas sexuales que contempla.
Sin embargo, cumplir dieciséis años no significa que desaparezca la protección penal frente a la explotación pornográfica.
El artículo 189.1.a CP castiga la captación o utilización de menores de dieciocho años con fines pornográficos, incluidos determinados espectáculos exhibicionistas o pornográficos, públicos o privados.
La pena prevista es de uno a cinco años de prisión, sin perjuicio de las agravaciones que legalmente correspondan.
¿Qué ocurre cuando se ofrecen regalos a cambio de actos sexuales?
El artículo 188.4 CP castiga solicitar, aceptar u obtener una relación sexual con una persona menor de edad a cambio de remuneración o promesa.
Establece una pena de uno a cuatro años de prisión, que asciende a dos a seis años cuando el menor no ha cumplido dieciséis años.
Su eventual aplicación a peticiones realizadas durante emisiones digitales exige determinar si la conducta solicitada reúne los elementos legales de una relación sexual remunerada.
La existencia de regalos virtuales adquiridos con dinero real puede constituir un elemento relevante de investigación, pero no determina automáticamente la aplicación del artículo 188.4.
También deberá analizarse, según las circunstancias y la edad del menor, si existen conductas propias de los artículos 181 o 189 CP.
La presencia de un incentivo económico no sustituye la prueba de los elementos del delito.
5. ¿Qué diferencia hay entre grooming y agresión sexual digital?
El grooming, regulado en el artículo 183 CP, comprende determinadas conductas de contacto con menores de dieciséis años mediante tecnologías de la información.
El apartado primero exige contacto, propuesta de concertar un encuentro con finalidad de cometer determinados delitos y actos materiales encaminados al acercamiento. Pena: de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses.
El apartado segundo sanciona determinadas conductas de contacto destinadas a embaucar al menor para obtener material pornográfico o conseguir que muestre imágenes pornográficas en las que aparezca un menor. Pena: de seis meses a dos años de prisión.
No toda conversación sexual constituye grooming.
Y tampoco es necesario que todos los delitos sexuales digitales comiencen con un proceso de engaño prolongado.
En un directo de TikTok podrían aparecer conductas relevantes para el artículo 181, el artículo 183 o el artículo 189, dependiendo de lo sucedido.
La posible concurrencia de delitos debe resolverse atendiendo a los hechos y a las reglas legales aplicables, sin imponer mecánicamente varias penas por una misma conducta.
6. Los agravantes: cuando las penas pueden alcanzar nueve años o más
El artículo 189.2 CP establece penas de cinco a nueve años de prisión cuando las conductas de su apartado primero concurren con determinadas circunstancias agravantes.
Entre ellas, la utilización de menores de dieciséis años, la especial degradación o vejación de los hechos, la violencia física o sexual en la obtención del material y determinadas relaciones de parentesco, guarda o autoridad.
También contempla otras circunstancias, como la especial vulnerabilidad de la víctima, el peligro para su vida o salud, la notoria importancia del material, la intervención en organizaciones dedicadas a estas actividades y la reincidencia.
El artículo 189.3 prevé además la pena superior en grado para las conductas del apartado 1.a cometidas mediante violencia o intimidación.
En paralelo, el artículo 181 CP contiene sus propias modalidades agravadas para las agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
No existe una pena única para todos los hechos agrupados periodísticamente bajo la palabra «pederastia».
La pena depende del delito, de su modalidad, de las circunstancias acreditadas y de las reglas aplicables cuando concurren varias infracciones.
7. El dolo: qué debe probarse respecto de vendedores, compradores y espectadores
La existencia de publicaciones o archivos no resuelve por sí sola el problema de la responsabilidad penal.
Es imprescindible acreditar los elementos objetivos y subjetivos de la conducta atribuida.
Respecto de quien ofrece o distribuye material, será necesario analizar su conocimiento sobre la naturaleza del contenido y la voluntariedad de su actuación.
En el caso del comprador o poseedor, deberá distinguirse entre adquisición o posesión para uso propio, posesión destinada a distribución y acceso consciente.
Para las conductas realizadas durante directos, será fundamental examinar los mensajes, las instrucciones transmitidas, la edad del menor, las respuestas efectivas y el contexto.
La identidad digital tampoco puede darse por acreditada únicamente porque una cuenta figure asociada a un nombre o teléfono.
Una cuenta no siempre identifica por sí sola a su autor material. Un archivo no demuestra por sí solo cómo llegó a un dispositivo. Y una conversación debe analizarse en su contexto íntegro.
El error sobre la edad: una cuestión decisiva en los delitos sexuales contra menores
La edad de la víctima puede determinar la aplicación de un tipo penal específico o de una circunstancia agravante.
El artículo 14.1 CP regula el error sobre los hechos constitutivos de la infracción penal.
Si ese error es invencible, excluye la responsabilidad criminal. Si resulta vencible, permite el castigo como imprudente únicamente cuando la modalidad imprudente esté legalmente prevista.
Por tanto, no basta con afirmar que el investigado desconocía la edad del menor.
Será necesario examinar si ese error existió realmente, si afectaba a un elemento del delito y qué conocimiento puede atribuirse al autor.
Las conversaciones, las manifestaciones sobre la edad, la apariencia, el contexto y los demás indicios disponibles pueden ser relevantes.
En los supuestos en que el conocimiento de la edad integre el dolo, también deberá valorarse si el investigado se representó la posibilidad de que la víctima fuera menor de la edad legalmente relevante y actuó aceptando esa posibilidad.
Cuando la edad actúe como circunstancia agravante, deberá atenderse además a la regla específica del artículo 14.2 CP.
Ni la edad puede presumirse conocida sin prueba, ni su desconocimiento puede aceptarse automáticamente por la mera afirmación del investigado.
Estas cuestiones afectan directamente a la valoración de la prueba, tanto desde la defensa penal como desde la acusación particular.
8. La prueba digital: cómo demostrar quién hizo qué
En procedimientos de esta naturaleza, la prueba tecnológica resulta esencial.
La prueba puede comprender comunicaciones electrónicas, publicaciones, datos de acceso, archivos, dispositivos y registros económicos, así como los informes periciales que permitan interpretarlos.
Sin embargo, debe obtenerse legalmente, preservarse adecuadamente y permitir una valoración contradictoria.
No basta con aportar una captura de pantalla aislada y presumir que acredita todos los hechos.
Autenticidad, integridad y atribución
En la práctica procesal, puede solicitarse que el Letrado de la Administración de Justicia coteje la conversación aportada con el terminal original. Cuando se cuestione su autenticidad, también puede interesarse la práctica de una pericial informática para examinar su integridad, origen y atribución.
La cadena de custodia debe permitir seguir las operaciones realizadas sobre los efectos o soportes intervenidos y detectar posibles alteraciones.
Tampoco cabe confundir integridad con autoría: que un archivo no haya sido modificado no demuestra automáticamente quién lo creó o distribuyó.
El acceso judicial a los dispositivos y la conservación de datos
Los artículos 588 sexies a, b y c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen garantías específicas para el acceso a información contenida en dispositivos electrónicos.
La mera incautación de un teléfono no legitima automáticamente el examen de todo su contenido. Cuando proceda, será necesaria autorización judicial con delimitación de su alcance y garantías de preservación de los datos.
Además, el artículo 588 octies LECrim permite al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial requerir la conservación de datos informáticos durante un máximo de noventa días, prorrogables hasta ciento ochenta, mientras se obtiene la autorización judicial para su cesión.
En delitos digitales, investigar deprisa no significa investigar sin garantías.
La exploración del menor como prueba preconstituida
El artículo 449 ter LECrim establece que, cuando una persona menor de catorce años deba intervenir como testigo en procedimientos por los delitos comprendidos en dicho precepto, incluidos los delitos sexuales, su audiencia —la exploración del menor— deberá practicarse como prueba preconstituida.
Esta diligencia debe respetar las garantías de contradicción y documentarse mediante grabación audiovisual, conforme al artículo 449 bis LECrim.
La finalidad es reducir el riesgo de victimización secundaria y evitar, en la medida legalmente prevista, que el menor tenga que repetir innecesariamente su relato.
La protección del menor y el derecho de defensa no son garantías incompatibles: ambas deben preservarse durante la obtención de la prueba.
9. ¿Cuándo prescriben los delitos sexuales cometidos contra menores?
El artículo 132.1 del Código Penal establece una regla especial para el comienzo del plazo de prescripción de determinados delitos cuando la víctima es menor de dieciocho años.
En los delitos contra la libertad sexual comprendidos en el artículo 132.1 CP, cuando la víctima es menor de dieciocho años, el plazo de prescripción comienza a computarse cuando cumple treinta y cinco años, salvo el supuesto legal de fallecimiento anterior. La duración de ese plazo dependerá del delito y de la normativa temporalmente aplicable.
Esto no significa que todos los delitos prescriban cuando la víctima alcanza esa edad: significa que es entonces cuando el plazo empieza a correr.
Una víctima menor de edad puede disponer de un horizonte temporal considerablemente más amplio para denunciar hechos contra su libertad sexual.
La determinación concreta de la prescripción exige analizar el delito, su fecha de comisión, las reformas legislativas aplicables y las posibles causas de interrupción del plazo.
10. ¿Puede responder penalmente TikTok?
La investigación periodística plantea cuestiones relevantes sobre la moderación de contenidos, los sistemas de recomendación y el funcionamiento de los regalos virtuales.
Pero existe una diferencia fundamental entre responsabilidad por los delitos cometidos por usuarios y responsabilidad de la propia empresa.
El Reglamento Europeo de Servicios Digitales establece obligaciones de diligencia para las plataformas, incluidos mecanismos de notificación y actuación frente a contenidos ilícitos y medidas de protección de menores.
El posible incumplimiento de esas obligaciones debe examinarse en su régimen jurídico correspondiente.
En el ámbito penal, el artículo 189 ter contempla la responsabilidad de personas jurídicas por delitos del capítulo cuando concurren los presupuestos del artículo 31 bis CP.
No basta con demostrar que terceros utilizaron TikTok para cometer delitos.
Tampoco acredita por sí sola responsabilidad penal la existencia de ingresos derivados del sistema general de regalos virtuales.
Sería necesario investigar los presupuestos específicos de imputación penal a la persona jurídica.
La responsabilidad penal de TikTok no puede presumirse. Pero las obligaciones de la plataforma tampoco desaparecen por el hecho de que el material lo publiquen terceros.
¿Puede ordenarse su bloqueo?
El artículo 189.8 CP contempla medidas judiciales de retirada o bloqueo de páginas web y aplicaciones que contengan o difundan pornografía infantil, incluso cautelarmente a petición del Ministerio Fiscal.
Su aplicación concreta a una plataforma de uso general requiere examinar los presupuestos legales, el alcance de la medida y su proporcionalidad.
La solicitud de intervención de Fiscalía no equivale a una resolución que acuerde suspender TikTok en España.
11. Qué deben hacer los padres y cómo se protege la prueba
Cuando una familia detecta material sexual de un menor, amenazas relacionadas con grabaciones o solicitudes sexuales dirigidas a sus hijos, la prioridad es impedir que continúe la situación de riesgo y poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
Conviene conservar los datos que permitan identificar cuentas, publicaciones, conversaciones y circunstancias relevantes, evitando descargar o reenviar material sexual ilícito de menores.
La documentación digital debe preservarse de manera adecuada, sin favorecer una nueva difusión y sin comprometer la investigación.
La asistencia jurídica temprana permite valorar la calificación penal, las medidas de protección y las diligencias necesarias.
En estos procedimientos, tanto la defensa como la acusación deben prestar especial atención a la prueba de la edad de la víctima, al contenido de los actos, a la identificación del interviniente y a los elementos subjetivos de cada delito.
12. Una red social no puede convertir un delito sexual en una simple incidencia de moderación
La investigación sobre TikTok ha puesto de manifiesto algo que resulta especialmente inquietante para las familias.
La explotación sexual de menores puede encontrar espacios de difusión en servicios digitales utilizados cotidianamente por niños y adolescentes.
Pero la trascendencia penal de los hechos no depende de que una plataforma los considere contrarios a sus normas internas.
Depende de si concurren los elementos de los delitos previstos en el Código Penal y de que puedan acreditarse mediante prueba obtenida con todas las garantías.
El Derecho penal distingue entre captar, agredir sexualmente, producir, distribuir, ofrecer, adquirir y acceder conscientemente a pornografía infantil.
Cada conducta exige una respuesta jurídica propia.
Y cuando existen menores involucrados, la investigación debe combinar la máxima protección de las víctimas con el máximo rigor probatorio.
Porque detrás de una pantalla puede existir una agresión sexual. Y detrás de un archivo, un delito que continúa proyectando sus consecuencias sobre la víctima cada vez que se difunde.
CUANDO TODO ESTÁ EN JUEGO, LA ESTRATEGIA IMPORTA.
Noemí Monreal · Abogada penalista · Valencia · Colegiada 16529 ICAV Delitos sexuales · Agresiones sexuales a menores · Delitos sexuales digitales
Fuentes
Legislación
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), texto consolidado — BOE. Artículos 14, 31 bis, 132, 181, 183, 188, 189, 189 bis y 189 ter.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado — BOE. Artículos 449 bis, 449 ter, 588 sexies a, b y c, y 588 octies.
Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales — EUR-Lex.
Investigación periodística (9 de noviembre de 2026)
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