Te denuncian por agredir sexualmente a tu hijastra: puedes acabar fuera de tu casa y sin ver a tu hijo

La casa era tuya antes de casarte. Tu hijo de nueve años sigue viviendo en ella. Tú sigues pagando la hipoteca mientras una resolución judicial te impide volver y restringe tus visitas. Y todo empezó con una denuncia por una presunta agresión sexual a tu hijastra de trece años.

Imagina la situación. Tu esposa tiene una hija adolescente de una relación anterior. Lleváis años conviviendo y tenéis además un hijo común de nueve años. La vivienda familiar es tuya: la compraste antes del matrimonio y sigues pagando el préstamo.

Un día, la madre denuncia una presunta agresión sexual contra su hija. Se abre una investigación penal. Pueden solicitarse medidas de protección, puedes verte obligado a salir de casa y tu esposa puede quedarse en ella con los dos menores.

Y hay una consecuencia que pocos esperan: aunque la denuncia se refiera a tu hijastra, también puede verse afectada la relación con tu propio hijo.

Ninguna de estas consecuencias es una declaración anticipada de culpabilidad. Pero todas pueden llegar antes del juicio. Por eso hay que distinguir con precisión la acusación penal, las medidas de protección, la custodia, las visitas, la vivienda y el dinero.

La denuncia es por mi hijastra. ¿Por qué puede afectar a mi hijo de nueve años?

Porque el Código Civil no limita sus restricciones a los delitos cometidos contra el hijo común.

El artículo 94 establece que no procede un régimen de visitas o estancias —y, si existe, se suspende— respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la libertad e indemnidad sexual, entre otros bienes, «del otro cónyuge o sus hijos». Tu hijastra es hija de tu cónyuge. Que no exista filiación entre tú y ella no excluye la aplicación del precepto.

El mismo artículo permite que el juez establezca un régimen de visitas, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial. Y el artículo 158 del Código Civil permite adoptar las medidas necesarias para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios.

Esto no significa que cualquier denuncia produzca automáticamente las mismas restricciones. Significa que una acusación relativa a tu hijastra puede tener efectos directos sobre tu hijo.

¿Puedo perder la custodia compartida de mi hijo por una denuncia de mi hijastra?

Este es el punto que más se pasa por alto, y uno de los más graves.

El artículo 92.7 del Código Civil dispone que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado «por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos». Tampoco procede cuando el juez advierta indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Tu hijastra convive con ambos en el hogar familiar. Si se ha iniciado un proceso penal por un delito contra su libertad sexual, el precepto puede impedir la custodia compartida de tu hijo común, aunque él no sea la presunta víctima.

Pero hay que examinar todos los requisitos y la situación procesal real: si existe efectivamente un proceso penal iniciado contra ti, por qué hechos, en qué fase está y si la convivencia de la menor con ambos cónyuges está acreditada. Una denuncia, sin más, no equivale automáticamente a todos esos presupuestos. Ahí empieza el trabajo de la defensa.

La denuncia no es contra tu hijo. Pero el artículo 92.7 puede impedirte la custodia compartida de tu hijo.

¿Pueden apartarme de mi hijo aunque no haya ninguna denuncia por él?

Sí, si concurren los presupuestos legales de la medida correspondiente. La restricción no exige que el hijo común sea la presunta víctima, pero sí necesita su propio fundamento jurídico.

Hay que distinguir las medidas cautelares del proceso penal de las medidas sobre custodia y visitas del ámbito familiar. Los artículos 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan las prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación y la orden de protección. El artículo 544 quinquies permite, cuando se investiga un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal y resulta necesario para proteger a la víctima menor de edad, adoptar motivadamente medidas como suspender la patria potestad, la tutela o la guarda, establecer un régimen de supervisión o suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el progenitor no conviviente u otro familiar.

Su finalidad es proteger a la víctima menor, es decir, a tu hijastra. No es una vía para restringir automáticamente tu relación con tu hijo común: cualquier medida que le afecte necesita su propio fundamento y una resolución motivada.

¿Qué juzgado investiga una denuncia por agresión sexual a mi hijastra?

Tras la Ley Orgánica 1/2025, el artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la instrucción de los delitos contra la libertad sexual cuya víctima sea un niño, niña o adolescente a las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia. Donde no se hayan constituido, la competencia corresponde a la Sección de Instrucción.

Así lo ha explicado el Tribunal Supremo en la STS 75/2026, de 4 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:243) en un caso en el que el acusado era la expareja de la madre y la víctima, la hija de ella. La Sala rechaza atribuir estos asuntos a Violencia sobre la Mujer solo porque la víctima sea una niña: la competencia la fija la ley.

Pero señala excepciones decisivas para el padrastro. Si además se investiga un delito de violencia de género cometido contra la madre y concurren los presupuestos del artículo 89.5.a LOPJ y la regla de preferencia del artículo 89 bis.7 LOPJ, la competencia corresponde a la Sección de Violencia sobre la Mujer, que además puede asumir el divorcio si se cumplen los requisitos del artículo 89.7. La simple presentación de otra denuncia no basta por sí sola: hay que comprobar esos presupuestos. También corresponde a Violencia sobre la Mujer el caso en que el autor es la pareja mayor de edad de la propia menor, aunque no es el supuesto del padrastro.

Saber qué juzgado lleva tu causa no es un tecnicismo. Determina quién decide sobre tu libertad y, en ocasiones, también sobre tu divorcio.

¿Pueden obligarme a salir de una casa que compré antes de casarme?

Sí. Ser propietario no impide que una resolución judicial limite el uso de tu vivienda. Hay dos vías distintas.

La primera es la medida de protección penal: una prohibición de aproximación a la menor puede impedirte seguir viviendo en la casa, aunque sea tuya.

La segunda es la atribución del uso de la vivienda familiar en el divorcio. El artículo 96.1 del Código Civil establece que, a falta de acuerdo aprobado judicialmente, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos alcancen la mayoría de edad.

Si tu hijo de nueve años queda con su madre, el uso de la vivienda puede atribuirse a ambos aunque el inmueble fuera tuyo antes del matrimonio. Y tu hijastra puede seguir viviendo allí con su madre.

Ser propietario de una vivienda y tener atribuido su uso son dos cosas distintas. La atribución no te quita la propiedad, pero puede impedirte vivir en ella.

¿Por qué puedo seguir pagando una casa en la que no vivo?

Porque salir del domicilio no extingue tus obligaciones. Si compraste la vivienda antes de casarte y eres el deudor del préstamo, la atribución del uso a tu esposa y a tu hijo no cancela la deuda con el banco. Seguirás obligado a pagar las cuotas.

Al mismo tiempo, quizá tengas que pagar el alquiler de otra vivienda. Y si se fija una pensión de alimentos para tu hijo, tendrás que cumplirla.

Pero cada concepto tiene su régimen: hipoteca, alimentos, gastos de comunidad, impuestos y suministros no se tratan igual. No es cierto que debas pagarlo todo automáticamente por haber salido de casa. Hay que analizar quién está obligado a cada pago y qué resoluciones están vigentes.

¿Qué pasa con las visitas a mi hijo?

Es una de las consecuencias más duras del procedimiento. Aunque la denuncia se refiera a tu hijastra, el artículo 94 del Código Civil puede llevar a la suspensión de las visitas y estancias con tu hijo.

El juez puede, mediante resolución motivada en el interés superior del menor, establecer un régimen de visitas o comunicación, incluso supervisado. O puede considerar que el contacto no es compatible con su protección. Y si se acordara prisión provisional por estos hechos, no procedería en ningún caso un régimen de visitas.

El vínculo biológico no garantiza las visitas mientras se investiga una acusación de esta naturaleza. Pero tampoco una suspensión tiene por qué ser definitiva: su duración y su revisión dependerán de su fundamento y de la evolución del procedimiento.

¿Acabaré viendo a mi hijo en un Punto de Encuentro Familiar?

Puede ocurrir, pero no es automático. El Punto de Encuentro Familiar (PEF) permite desarrollar las visitas con supervisión profesional cuando el juez considera que hay fundamento para mantener la relación con garantías. No es un derecho incondicional del progenitor investigado.

La STS 915/2024, de 26 de junio (ECLI:ES:TS:2024:3546) dejó sin efecto un régimen de visitas en PEF que la Audiencia había fijado de oficio. El padre había sido condenado por violencia de género cometida en presencia de los hijos, y el Supremo consideró, con el informe pericial, que la comunicación era en ese momento contraria al interés de los menores, aunque podía revisarse si cambiaban las circunstancias.

No era un caso de agresión sexual a una hijastra, y no significa que las visitas supervisadas deban suspenderse siempre. Su relevancia es otra: el PEF no sustituye a la valoración judicial sobre si el contacto es adecuado. Primero se decide si procede la relación; después, dónde.

La audiencia de tu hijastra de trece años se practicará antes del juicio

Esta es una de las particularidades procesales más decisivas. El artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, cuando una persona menor de catorce años deba intervenir como testigo en la instrucción de un delito contra la libertad sexual, la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida.

Con trece años, no es una posibilidad: es obligatoria. Esa exploración de la menor se realiza en la instrucción con las garantías del artículo 449 bis —contradicción, intervención de la defensa letrada y grabación audiovisual— para que pueda reproducirse en el juicio y evitar, salvo supuestos excepcionales, que la menor tenga que intervenir de nuevo.

Una prueba decisiva puede practicarse cuando el juicio todavía está lejos. La defensa debe intervenir desde ese momento: no puede dar por hecho que la menor volverá a ser oída en el juicio.

¿Y si mi hijastra tiene catorce años?

Cambia el análisis. El artículo 181 del Código Penal protege a los menores de dieciséis años, pero el artículo 449 ter LECrim fija la obligatoriedad de la prueba preconstituida por razón de edad en los menores de catorce. No son el mismo límite.

Con catorce o quince años, la audiencia como prueba preconstituida puede acordarse por otros supuestos legales, pero no opera automáticamente por la sola edad. Y hay que distinguir la edad en el momento de los hechos de la edad en el momento de la exploración.

¿A qué penas se enfrenta un padrastro investigado por agresión sexual a una menor de dieciséis años?

El artículo 181 del Código Penal, en su redacción vigente tras la Ley Orgánica 4/2023, establece:

• Actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años (art. 181.1): de 2 a 6 años de prisión.

• Si concurre violencia, intimidación u otra de las modalidades del artículo 178.2 y 3 (art. 181.2): de 5 a 10 años.

• Con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal (art. 181.4): de 8 a 12 años en los casos del apartado 1, y de 12 a 15 años en los del apartado 2.

Estas penas se imponen en su mitad superior si concurre alguna circunstancia del artículo 181.5. Entre ellas, la letra e): que el responsable se haya prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco o de una relación de superioridad con respecto a la víctima. Si concurren dos o más circunstancias, el artículo 181.6 exige imponer en su mitad superior las penas ya agravadas del apartado 5. Si una misma circunstancia ya integra la modalidad típica, debe resolverse el conflicto conforme al artículo 8.4 CP, sin duplicar su valoración.

Si concurre una circunstancia del artículo 181.5, las horquillas de prisión pasan a ser: de 4 a 6 años para el apartado 1; de 7 años y 6 meses a 10 años para el apartado 2; de 10 a 12 años para el primer supuesto del apartado 4; y de 13 años y 6 meses a 15 años para el segundo.

Ser padrastro no significa que concurra automáticamente esa agravante: hay que acreditar el prevalimiento. También debe examinarse el artículo 192.2 CP, que agrava la pena para quien tenga la condición de encargado de hecho o de derecho del menor, sin valorar dos veces la misma circunstancia.

El artículo 181.3 permite imponer la pena inferior en grado por la menor entidad del hecho, salvo que medie violencia o intimidación, la víctima tenga anulada su voluntad o concurran las circunstancias del apartado 5. Y si los hechos son anteriores a las reformas de 2022 o 2023, hay que estudiar qué ley es aplicable y cuál resulta más favorable.

¿Una condena puede afectar a la patria potestad sobre mi hijo común?

Sí, y requiere precisión. El artículo 192.3 CP obliga a imponer, en los delitos del capítulo II del título VIII —agresiones sexuales a menores de dieciséis años—, la pena de privación de la patria potestad o de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por tiempo de cuatro a diez años.

Es una pena obligatoria con dos alternativas distintas. Y el artículo 46 CP permite al juez acordar estas penas respecto de todos o de algunos de los menores a cargo del condenado, atendiendo al interés superior del menor y a las circunstancias del caso. Por eso una condena por agresión sexual a tu hijastra puede alcanzar también a la patria potestad sobre tu hijo común, pero no lo hace de forma automática: depende de lo que acuerde y motive la sentencia.

El mismo artículo 192.3 obliga a imponer, además, la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior al de la pena de prisión impuesta: entre cinco y veinte años más si el delito es grave, y entre dos y veinte años más si es menos grave.

Por último, el artículo 192.1 impone la libertad vigilada, que se cumple después de la prisión: de cinco a diez años si alguno de los delitos es grave, y de uno a cinco años si son menos graves. Si se trata de un solo delito menos grave cometido por un delincuente primario, el tribunal puede no imponerla, atendiendo a su menor peligrosidad.

¿Qué pasa si me absuelven?

Una sentencia absolutoria o un archivo firme es fundamental para revisar tu situación. Pero las decisiones sobre la vivienda, la custodia y las visitas no desaparecen siempre de forma automática: puede ser necesario solicitar su levantamiento o modificación ante el órgano que las acordó.

Y una absolución no demuestra por sí sola que la denuncia fuera falsa. Conoce cuándo una imputación puede constituir el delito del artículo 456 del Código Penal.

Tu defensa no puede limitarse a la acusación penal

En una denuncia por agresión sexual a una hijastra coinciden la investigación penal, la exploración de la menor, las medidas cautelares, la custodia y las visitas del hijo común, el uso de tu vivienda y tus obligaciones económicas. No todo se resuelve en el mismo procedimiento, pero todo está conectado.

Puedes estar defendiendo tu inocencia mientras otra resolución decide dónde vives y cuándo ves a tu hijo.

Defensa penal por agresiones sexuales a menores en Valencia

Soy Noemí Monreal, abogada penalista en Valencia, especializada en delitos contra la libertad sexual y en procedimientos por agresiones sexuales a menores. Trabajo la prueba preconstituida, las periciales, las diligencias de investigación y las garantías de obtención y valoración de la prueba, sin perder de vista las consecuencias familiares de cada decisión.

No presupongo que una denuncia sea falsa. Tampoco confundo una imputación con una condena.

Si te investigan por una agresión sexual a tu hijastra, tu defensa no puede empezar cuando llegue el juicio. La investigación puede afectar a tu libertad, a tu casa y a tu hijo mucho antes. Más información sobre mi defensa de investigados por agresión sexual y mi atención penal urgente 24 horas.

Noemí Monreal López · Abogada penalista en Valencia · Colegiada ICAV nº 16529

Atención directa y urgente: 698 968 379 · Contacto

Fuentes

• Código Civil, texto consolidado (BOE), arts. 92, 94, 96 y 158.

• Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado (BOE), arts. 449 bis, 449 ter, 544 bis, 544 ter y 544 quinquies.

• Código Penal, texto consolidado (BOE), arts. 46, 181 y 192.

• Ley Orgánica del Poder Judicial, texto consolidado (BOE), arts. 89 y 89 bis.

• STS (Sala Primera) 915/2024, de 26 de junio, ECLI:ES:TS:2024:3546.

• STS (Sala Segunda) 75/2026, de 4 de febrero, ECLI:ES:TS:2026:243.

Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye al estudio de cada caso concreto.