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¿Qué pasa si la víctima se retracta en un juicio por agresión sexual?
Actualizado: 2 nov
Se retractó. Pero el Tribunal Supremo confirmó 11 años de prisión.
Tenía ocho años cuando comenzaron los abusos.
El autor era la pareja de su madre. El hombre al que consideraba su padre.
Durante años, la menor sufrió abusos sexuales en el entorno familiar. Cuando contó lo que estaba ocurriendo, su vida no recuperó la normalidad.
Su madre y su hermano la responsabilizaron de que el acusado tuviera que abandonar el domicilio.
Y cuando llegó el juicio, la menor se retractó.
«No puedo, no puedo, es mi padre, yo lo quiero mucho».
Negó entonces que su padrastro hubiera abusado sexualmente de ella.
Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó la condena de once años de prisión.
La STS 3/2024, de 10 de enero, aborda una de las cuestiones más complejas de los procedimientos por delitos sexuales contra menores: ¿puede mantenerse una condena cuando la víctima cambia su versión durante el juicio oral?
La respuesta no depende exclusivamente de la retractación. Depende de la validez y suficiencia de la prueba, de las garantías procesales y de la motivación judicial.
¿Si la víctima se retracta en el juicio, el acusado queda absuelto?
No necesariamente.
Que una víctima se retracte en un juicio por agresión sexual no significa que desaparezca automáticamente la prueba de cargo.
El tribunal puede valorar lo que contó anteriormente cuando esas manifestaciones se hayan obtenido e incorporado al procedimiento con las garantías exigibles.
Pero existe un límite que nunca puede ignorarse: toda condena penal exige prueba de cargo válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
Por tanto, no basta con afirmar que la víctima dijo una cosa durante la instrucción y otra distinta en el juicio.
Es necesario examinar cómo se practicaron las exploraciones anteriores, qué posibilidades de contradicción tuvo la defensa, qué elementos respaldan cada versión y por qué el tribunal considera más creíble una de ellas.
La STS 3/2024 ofrece un ejemplo especialmente significativo de este análisis.
STS 3/2024: una menor se retractó y el Supremo confirmó la condena
Los hechos examinados por el Tribunal Supremo comenzaron en 2012, cuando la víctima tenía ocho años, y se prolongaron hasta 2017.
El acusado era la pareja de su madre, convivía con ellas y se prevalió de la relación que mantenía con la menor.
Durante la instrucción, la menor fue explorada y relató los abusos sexuales sufridos.
Sin embargo, en el juicio oral cambió su versión y negó que los hechos hubieran ocurrido.
La defensa recurrió y cuestionó, entre otros extremos, el valor de las manifestaciones anteriores de la menor y la suficiencia de la prueba que sustentaba la condena.
Los tribunales llegaron a una conclusión diferente. La Audiencia Provincial de Córdoba consideró acreditados los hechos y explicó por qué otorgaba mayor credibilidad a lo que la menor había contado durante la instrucción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la condena en apelación.
El Tribunal Supremo examinó esa valoración y desestimó el recurso de casación.
La retractación no provocó la absolución porque el tribunal consideró que subsistía prueba de cargo suficiente, obtenida y valorada con las garantías exigibles.
La presión familiar y la retractación de la menor
Uno de los aspectos más relevantes de esta sentencia es el contexto en el que se produjo el cambio de versión.
La resolución recoge que la madre no proporcionó a la menor la protección que merecía y que tanto ella como el hermano responsabilizaban a la víctima de la salida del acusado del domicilio familiar.
La menor mantenía, además, un vínculo afectivo con el acusado, a quien consideraba su padre.
Estas circunstancias fueron examinadas junto con su estado emocional durante el juicio y los restantes elementos probatorios.
La presión familiar puede influir en la forma en que una víctima menor de edad relata los hechos, especialmente cuando el acusado pertenece a su entorno más cercano.
Pero conviene establecer una distinción esencial.
La existencia de presión familiar no permite presumir que toda retractación sea falsa.
Su relevancia debe acreditarse y valorarse en cada procedimiento.
En la STS 3/2024, el contexto familiar constituyó uno de los elementos considerados para explicar el cambio de versión, no un sustituto de la prueba penal.
Artículo 714 LECrim: ¿qué ocurre cuando la víctima se contradice en el juicio?
El artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las contradicciones sustanciales entre lo manifestado por un testigo durante el juicio oral y lo declarado anteriormente en el sumario.
El precepto permite poner de manifiesto esas contradicciones y ofrecer al testigo la oportunidad de explicarlas.
Su aplicación exige especial atención a la naturaleza de las manifestaciones anteriores.
No puede equipararse sin más una manifestación policial con una exploración practicada judicialmente durante la instrucción.
¿Qué valoró el Supremo en este caso?
En la STS 3/2024, la Sala examinó las exploraciones anteriores de la menor, la intervención de la defensa, la forma en que se introdujeron las contradicciones durante el juicio y la motivación de la sentencia condenatoria.
La menor pudo ser interrogada sobre las diferencias entre lo que había contado anteriormente y lo que manifestó durante el juicio oral.
El Tribunal Supremo recordó que la lectura literal de una manifestación anterior no constituye en todos los supuestos una exigencia formal indispensable si la contradicción ha sido introducida de manera efectiva y sometida al correspondiente debate contradictorio.
La cuestión decisiva es que la defensa haya podido conocer y cuestionar el contenido probatorio que se pretende valorar.
El artículo 714 LECrim no establece que la primera versión sea necesariamente verdadera ni que la última deba prevalecer.
Permite examinar las contradicciones dentro de un proceso con garantías.
Prueba preconstituida de menores: por qué puede resultar decisiva
La prueba preconstituida tiene especial importancia en los procedimientos por delitos sexuales contra menores.
Su finalidad es permitir que determinadas exploraciones se practiquen anticipadamente, con las garantías necesarias para su posterior valoración en el juicio oral.
De esta forma se pretende evitar que una víctima menor tenga que relatar reiteradamente experiencias potencialmente traumáticas.
Sin embargo, la protección del menor no puede suponer la desaparición de las garantías del investigado.
¿Qué establece actualmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la prueba preconstituida?
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, reforzó la regulación de la prueba preconstituida en los procedimientos penales que afectan a menores de edad.
El artículo 449 bis LECrim regula las garantías de su práctica, entre ellas la intervención de la defensa, la contradicción y la documentación audiovisual.
El artículo 449 ter LECrim establece la práctica de prueba preconstituida cuando deban intervenir como testigos menores de catorce años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, en los procedimientos por los delitos expresamente previstos en dicho precepto.
El artículo 703 bis LECrim regula la reproducción de la prueba preconstituida durante el juicio oral y los supuestos excepcionales en los que puede acordarse la intervención del testigo.
Finalmente, el artículo 730.2 LECrim contempla la reproducción de la grabación audiovisual de la exploración practicada como prueba preconstituida durante la instrucción.
Debe distinguirse esta regulación vigente del régimen procesal aplicable a las exploraciones practicadas en el procedimiento examinado por la STS 3/2024.
Las garantías de una actuación procesal deben analizarse conforme al régimen legal correspondiente al momento en que se realizó.
Proteger a la menor y garantizar el derecho de defensa
La prueba preconstituida no es una excepción a la presunción de inocencia.
Es un mecanismo procesal cuya validez depende del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles.
La defensa debe poder intervenir en los términos previstos por la ley y cuestionar el contenido de la exploración.
El tribunal, por su parte, debe valorar racionalmente la prueba y explicar por qué considera acreditados los hechos.
La protección de la víctima menor y el derecho de defensa son garantías que deben coexistir.
¿Por qué el Supremo consideró suficiente la prueba de cargo?
La relevancia de la STS 3/2024 no reside únicamente en que una menor se retractara.
Reside en la respuesta judicial a esa retractación.
El Tribunal Supremo examinó si existía prueba de cargo obtenida legalmente, si había sido sometida a las garantías procesales exigibles y si la valoración realizada por el tribunal sentenciador era racional.
La Sala tuvo en cuenta las exploraciones de la menor, las circunstancias de su retractación y los restantes elementos probatorios incorporados al procedimiento.
También examinó los motivos por los que el tribunal había otorgado mayor credibilidad a la versión inicial.
La sentencia no convierte los informes psicológicos en una prueba automática de que los abusos ocurrieron.
Tampoco establece una regla general de preferencia de las primeras manifestaciones sobre las posteriores.
Lo que confirma es que, en aquel caso, la valoración conjunta de la prueba permitía sostener la condena.
La retractación no derrumbó la prueba porque existía una motivación judicial suficiente para mantener su valor incriminatorio.
Esa es la enseñanza procesal fundamental de la resolución.
Once años de prisión: qué delito se aplicó y por qué
El Tribunal Supremo confirmó una condena de once años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor con acceso carnal, cometido por quien se prevalió de su relación con la víctima.
La calificación jurídica se realizó conforme a los artículos 183.1, 183.3, 183.4.d) y 74 del Código Penal, en la redacción aplicable en el momento de los hechos.
Esta precisión resulta imprescindible.
Los hechos fueron juzgados conforme a una regulación anterior a la Ley Orgánica 10/2022, que modificó la configuración de los delitos contra la libertad sexual.
Por ello, aunque actualmente las búsquedas sobre estos procedimientos utilicen habitualmente la expresión agresión sexual, la denominación jurídica aplicada en esta sentencia fue la de abuso sexual.
¿Por qué no se aplicó retroactivamente la reforma de 2022?
La sentencia también examinó la posible aplicación de la Ley Orgánica 10/2022.
El artículo 2.2 del Código Penal establece la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo.
Pero esa aplicación exige comparar las consecuencias de las distintas regulaciones en relación con los hechos concretos.
En este procedimiento, el Tribunal Supremo concluyó que la reforma de 2022 no resultaba más favorable.
Según el cálculo efectuado por la Sala, la pena mínima correspondiente bajo aquella regulación habría sido de doce años, seis meses y un día de prisión, superior a los once años impuestos.
Por tanto, no procedía aplicar retroactivamente esa reforma.
La conclusión corresponde exclusivamente a las circunstancias y a la sucesión normativa examinadas en esta sentencia.
Defensa penal y acusación particular: la importancia de analizar la prueba desde la instrucción
En los procedimientos por delitos sexuales, la forma en que se practican las primeras diligencias puede tener consecuencias decisivas.
Una exploración judicial, una pericial psicológica, una contradicción relevante o una prueba obtenida sin las debidas garantías pueden determinar el desarrollo posterior del procedimiento.
Si una persona está investigada por agresión sexual
La defensa penal debe examinar, entre otras cuestiones, la regularidad de las exploraciones, las posibilidades de contradicción, la coherencia del material probatorio y la suficiencia de la prueba de cargo.
La presunción de inocencia exige que la acusación acredite los hechos mediante prueba válida y suficiente.
Una retractación puede tener relevancia defensiva, pero no garantiza por sí sola la absolución.
Más información: abogado para investigados por agresión sexual en Valencia.
Si la víctima es menor de edad
La acusación particular debe prestar especial atención a la correcta práctica de las exploraciones, la protección de la menor y la incorporación de la prueba al procedimiento con todas las garantías.
También debe examinar las circunstancias que puedan explicar eventuales contradicciones, sin sustituir el análisis probatorio por presunciones.
Más información: abogada para víctimas de agresión sexual menores de edad.
En ambos casos, la estrategia procesal comienza mucho antes del juicio.
Preguntas frecuentes sobre la retractación de víctimas en delitos sexuales
¿Qué pasa si una víctima se retracta en un juicio por agresión sexual?
La retractación no determina automáticamente la absolución. El tribunal debe examinar si existen declaraciones o exploraciones anteriores válidamente incorporadas al procedimiento y si el conjunto de la prueba permite acreditar los hechos con las garantías exigibles.
¿Puede condenarse por agresión sexual si la víctima cambia su versión?
Sí, cuando exista prueba de cargo válida y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. La STS 3/2024 confirma una condena pese a la retractación de una menor, atendiendo a las circunstancias y pruebas concretas del procedimiento.
¿Qué ocurre si la víctima retira la denuncia por agresión sexual?
Retirar una denuncia no implica automáticamente el archivo del procedimiento penal.
En los delitos de agresión sexual, el artículo 191 CP regula los requisitos para iniciar la persecución penal. Cuando la víctima es menor de edad, basta la denuncia del Ministerio Fiscal.
Además, el perdón de la víctima o de su representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad penal (art. 191.2 CP).
Lo explicamos en detalle en ¿Se puede retirar una denuncia por agresión sexual?
¿Puede utilizarse lo que una menor contó durante la instrucción?
Sí, cuando esas exploraciones se hayan practicado e incorporado con las garantías legalmente exigibles. Su valor dependerá de las circunstancias del caso y del régimen procesal aplicable.
¿Qué establece el artículo 714 LECrim?
Regula el tratamiento de las contradicciones sustanciales entre lo declarado en el sumario y lo manifestado durante el juicio oral. Permite examinar esas diferencias con respeto al principio de contradicción.
¿La declaración de la víctima puede ser suficiente para condenar?
Sí. La declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente cuando reúne las garantías exigibles y merece una valoración racional y motivada. No existe una exigencia general de corroboración externa en todos los procedimientos, aunque los elementos de corroboración pueden resultar relevantes en el caso concreto.
¿Qué ocurre si una menor se retracta por presión familiar?
La existencia de presión familiar puede ser relevante para valorar el cambio de versión, pero debe examinarse a partir de las circunstancias y pruebas del procedimiento. No puede presumirse automáticamente que toda retractación obedezca a presiones.
Una retractación puede cambiar el relato. No necesariamente la prueba.
La STS 3/2024 demuestra que el análisis de una retractación exige mucho más que comparar dos versiones.
Exige examinar las exploraciones anteriores, las garantías de contradicción, la prueba pericial, los elementos de corroboración y la motivación judicial.
En los delitos sexuales contra menores, ese análisis debe realizarse con especial rigor.
Porque proteger a una víctima no significa prescindir de las garantías procesales.
Y defender a una persona investigada exige controlar que ninguna condena se fundamente en prueba insuficiente.
La retractación puede cambiar el relato.
Pero es la prueba —y no el cambio de versión por sí solo— la que determina el resultado del proceso penal.
Noemí Monreal | Abogada penalista en Valencia
Colegiada n.º 16529 del ICAV.
Especializada en delitos contra la libertad sexual, defensa de personas investigadas y acusación particular de víctimas menores de edad.
Asistencia penal: 698 968 379
Fuentes
Tribunal Supremo, Sala Segunda, STS 3/2024, de 10 de enero. Recurso de casación 6636/2021. ECLI:ES:TS:2024:101. Texto de la resolución.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado del BOE.
Análisis doctrinal de la STS 3/2024 — Universidad Pública de Navarra.
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