Tu ex te denuncia por agresión sexual en pleno divorcio: ¿qué pasa con tus hijos?

Ayer discutíais por la custodia. Hoy hay una denuncia por agresión sexual. Y algunas decisiones sobre tus hijos, tu casa y tu libertad pueden adoptarse antes de que exista una sola condena.

Cuando uno de los cónyuges denuncia al otro por agresión sexual en mitad de una separación, el conflicto deja de ser solo matrimonial. Hay una investigación penal, pueden solicitarse órdenes de protección y pueden acordarse medidas que afecten a la convivencia y a los hijos.

La denuncia debe investigarse con rigor, haya o no divorcio. Y tú conservas íntegramente tu presunción de inocencia. Pero tienes que saber esto desde el primer minuto: que no haya condena no impide que se adopten medidas cautelares o decisiones familiares cuando concurren sus requisitos legales.

Si es tu primer contacto con una denuncia de este tipo, empieza por lo urgente: qué hacer en las primeras 72 horas.

¿Qué pasa cuando tu expareja te denuncia por agresión sexual?

La denuncia puede dar lugar a diligencias de investigación; su presentación no garantiza que se incoe o continúe un procedimiento. Como investigado tienes derecho a conocer los hechos que se te atribuyen, a guardar silencio, a no declarar contra ti mismo y a estar asistido por abogado en todo momento: tu declaración se practica siempre con letrado, de tu elección o de oficio.

Durante la instrucción pueden practicarse declaraciones, periciales y diligencias para obtener y contrastar pruebas. Una denuncia no supone necesariamente tu detención, ni que el procedimiento vaya a terminar en juicio. Todo dependerá de la prueba y de las resoluciones judiciales.

Por eso, antes de dar explicaciones a nadie o reaccionar en el divorcio, hay que saber exactamente qué hechos se investigan.

¿Qué juzgado lleva el caso? Violencia sobre la Mujer y la reforma de la LO 1/2025

Una agresión sexual denunciada por la esposa, exesposa o mujer ligada al investigado por una relación de afectividad análoga, aun sin convivencia, es violencia de género. Tras la Ley Orgánica 1/2025, el artículo 89.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la instrucción de estos delitos a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, que también resuelve sobre las órdenes de protección, sin perjuicio de las competencias del juzgado de guardia.

¿Y el divorcio? Esa misma sección tiene competencia civil exclusiva y excluyente, según el artículo 89.7 LOPJ, solo cuando concurren a la vez estos requisitos:

• Que se trate de un proceso de familia: divorcio, medidas sobre los hijos, alimentos u otras materias del artículo 89.6.

• Que una de las partes sea víctima de violencia de género o de violencia sexual en los términos de la ley.

• Que la otra parte esté imputada como autora, inductora o cooperadora necesaria de esos actos.

• Que se hayan iniciado actuaciones penales ante la Sección de Violencia sobre la Mujer o se haya adoptado una orden de protección.

Si el divorcio ya está en marcha en un juzgado de familia, el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a ese juzgado a inhibirse y remitir los autos a la Sección de Violencia sobre la Mujer, tras verificar esos requisitos, salvo que ya se haya iniciado materialmente la vista o comparecencia del procedimiento civil contencioso o de jurisdicción voluntaria. Por tanto, una denuncia no traslada el divorcio automáticamente: hay que comprobar cada requisito y el momento procesal.

¿Qué pena tiene una agresión sexual a la esposa o expareja?

Las penas del Código Penal vigente, tras la Ley Orgánica 4/2023, son estas (si los hechos son anteriores a las reformas de 2022 o 2023, hay que determinar qué ley se aplica y cuál resulta más favorable):

• Agresión sexual sin acceso carnal (art. 178.1): de 1 a 4 años de prisión.

• Con violencia o intimidación, o sobre víctima con la voluntad anulada (art. 178.3): de 1 a 5 años.

• Violación: acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal (art. 179.1): de 4 a 12 años.

• Violación con violencia o intimidación, o con la voluntad anulada (art. 179.2): de 6 a 12 años.

Pero cuidado: cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, se aplica la agravante específica del artículo 180.1.4.ª. Y las penas suben:

• En el caso del 178.1: de 2 a 8 años.

• En el del 178.3: de 5 a 10 años.

• En el del 179.1: de 7 a 15 años.

• En el del 179.2: de 12 a 15 años.

Si concurren dos o más circunstancias del artículo 180.1, esas penas se imponen en su mitad superior (art. 180.2). La rebaja del artículo 178.4 —mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses por la menor entidad del hecho— no es aplicable cuando concurren las circunstancias del artículo 180.

Si se acreditan la agresión y la relación de pareja o expareja prevista en el artículo 180.1.4.ª, debe examinarse el marco agravado. La denuncia, por sí sola, no acredita ninguno de esos hechos.

¿Pueden acordar una orden de alejamiento y echarme de casa?

Sí, si concurren los requisitos legales. El artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite acordar, de forma motivada, prohibiciones de residir en un lugar, de aproximarse o de comunicarse con la víctima. El artículo 544 ter regula la orden de protección para las víctimas de violencia doméstica y de género cuando existen indicios fundados de delito y una situación objetiva de riesgo.

Estas medidas no son una condena, pero son de obligado cumplimiento. Una prohibición de aproximación puede impedirte volver al domicilio familiar aunque seas su propietario. Ser el dueño no te autoriza a incumplirla: hacerlo sería un delito de quebrantamiento (art. 468 CP).

¿La denuncia impide la custodia compartida?

El artículo 92.7 del Código Civil excluye la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores está incurso en un proceso penal iniciado «por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos». Tampoco procede cuando el juez advierte indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Una agresión sexual denunciada por tu esposa encaja en el supuesto. Pero hay que comprobar el estado real del procedimiento penal: no es lo mismo una denuncia recién presentada que un proceso penal ya iniciado, ni todas las denuncias producen los mismos efectos.

¿Y la custodia exclusiva? Lo que dijo el Supremo en 2025

La STS 156/2025, de 30 de enero (ECLI:ES:TS:2025:384) mantuvo la custodia exclusiva del padre sobre tres menores, en un procedimiento de medidas paternofiliales entre progenitores que no habían estado casados. Él tenía una condena firme anterior por lesiones en el ámbito familiar, ya suspendida y extinguida, y estaba investigado —con auto de procesamiento— por una presunta agresión sexual denunciada por otra mujer.

El Supremo, además de apreciar defectos en el recurso, confirmó la valoración de las instancias —informe psicosocial, opinión de las hijas mayores y estabilidad de los menores con el padre— y concluyó que una investigación penal sin condena, sin prueba de que hubiera afectado al cuidado de los hijos, no justificaba cambiar un sistema que funcionaba en su interés.

Es una sentencia sobre custodia individual y muy apegada a sus hechos: no elimina la prohibición del artículo 92.7 para la custodia compartida ni puede leerse como una garantía de que el padre investigado conserva la custodia. Lo que exige es una valoración concreta y motivada del interés de los menores.

¿Puedo dejar de ver a mis hijos antes del juicio?

Sí. El artículo 94 del Código Civil establece que no procede un régimen de visitas o estancias —y, si existe, se suspende— respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procede cuando el juez advierte indicios fundados de violencia doméstica o de género.

No obstante, el juez puede establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial. Y no procede en ningún caso si el progenitor está en prisión, provisional o por sentencia firme, por esos delitos.

Por tanto, ni las visitas se mantienen siempre hasta la condena, ni una denuncia supone automáticamente perder el contacto para siempre.

El Supremo exige valorar los hechos nuevos

La STS 1413/2025, de 13 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4522) anuló una sentencia que había mantenido visitas con pernocta sin valorar nuevos episodios de violencia ni la orden de protección que las había suspendido, y sin oír a la hija —que tenía más de doce años— ni contar con informe psicosocial, pese a haberse solicitado. Devolvió el asunto para que se resolviera tras esas diligencias.

No permite dar por ciertas todas las denuncias. Tampoco ignorar indicios de riesgo. Exige una decisión fundada en la prueba y en la protección real de los hijos, y eso también abre espacio a la defensa para aportar y solicitar prueba.

¿Qué pasa con la vivienda familiar?

La vivienda puede verse afectada por dos vías. Por un lado, las medidas cautelares penales pueden impedirte el acceso. Por otro, el artículo 96.1 del Código Civil dispone que, a falta de acuerdo aprobado judicialmente, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos comunes menores y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos alcancen la mayoría de edad. Incluso si el inmueble es privativo del otro.

La atribución del uso no transmite la propiedad. Y salir de casa no extingue la hipoteca: la deuda con el banco, la pensión de alimentos y los demás gastos tienen un tratamiento jurídico distinto y deben analizarse por separado.

Si la denuncia afecta a una hija de tu pareja, las consecuencias pueden ser todavía más amplias. Lo explico en el artículo sobre la denuncia por agresión sexual a una hijastra: el hijo común y la vivienda familiar.

¿Qué ocurre si me absuelven?

Una absolución o un archivo puede ser decisivo, pero las medidas familiares no desaparecen siempre de forma automática. Según la resolución y las medidas vigentes, habrá que solicitar su revisión o modificación.

Y otra cosa distinta es la responsabilidad de quien denunció: una absolución no demuestra por sí sola que hubiera mentido deliberadamente. Para eso hay que probar los requisitos del artículo 456 CP, como explico en el artículo sobre denuncias falsas por agresión sexual durante un divorcio.

La defensa empieza en la instrucción

En una causa por agresión sexual, pruebas determinantes se practican mucho antes del juicio: declaraciones, periciales, prueba digital y medidas cautelares. Si además hay un divorcio, cada decisión penal repercute en tus hijos y en tu casa.

La investigación penal y el procedimiento de familia tienen reglas distintas. Ignorar cualquiera de los dos puede costarte decisiones que luego son muy difíciles de revertir.

Abogada penalista en Valencia para investigados por agresión sexual

Soy Noemí Monreal, abogada penalista en Valencia, especializada en delitos contra la libertad sexual. Mi trabajo se centra en el análisis exhaustivo de la prueba y en construir la estrategia procesal desde la instrucción, con la vista puesta también en sus consecuencias familiares.

No presupongo que una denuncia sea falsa. Pero tampoco doy por acreditados unos hechos por el mero hecho de haber sido denunciados.

Si tu expareja te ha denunciado por agresión sexual durante el divorcio, necesitas conocer cuanto antes tu situación procesal y las medidas que pueden afectarte. Más información sobre mi defensa de investigados por agresión sexual y mi atención penal urgente 24 horas.

Noemí Monreal López · Abogada penalista en Valencia · Colegiada ICAV nº 16529

Atención directa y urgente: 698 968 379 · Contacto

Fuentes

• Código Penal, texto consolidado (BOE), arts. 178, 179, 180 y 456.

• Ley Orgánica del Poder Judicial, texto consolidado (BOE), art. 89.

• Ley de Enjuiciamiento Civil, texto consolidado (BOE), art. 49 bis.

• Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto consolidado (BOE), arts. 544 bis y 544 ter.

• Código Civil, texto consolidado (BOE), arts. 92, 94 y 96.

• STS (Sala Primera) 156/2025, de 30 de enero, ECLI:ES:TS:2025:384.

• STS (Sala Primera) 1413/2025, de 13 de octubre, ECLI:ES:TS:2025:4522.

Este artículo tiene carácter informativo y no sustituye al estudio de cada caso concreto.